Los indios son locales y globales. No sólo por que el éxodo económico los lleva a conocer mundo, también por que la lucha por sus derechos los conduce a establecer relaciones internacionales.
El Consejo Mexicano 500 años de Resistencia India, por ejemplo, se forma al calor de campaña iniciada en Colombia en octubre de 1989 y en 1990 participa en el Primer Encuentro Continental de Pueblos Indios, celebrado en Quito, Ecuador. Desde principios de los noventa uno de los precursores de la nueva oleada étnica en México, el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, acude al Encuentro Continental de Organizaciones Indígenas, realizado en Quetzaltenango, Guatemala, asiste a la Cumbre de la Tierra, celebrada en París, y sus comisionados cabildean en las oficinas que el Banco Mundial tiene en Washington. Mas recientemente tres representantes del CNI participan en la protesta multinacional de Québec, escenificada en abril del 2001 con motivo de la Cumbre de las Américas que debatió el ALCA, y en mayo del mismo año el Congreso envía un comunicado a la Conferencia del Milenio, realizada en Panamá.
El continente americano ha sido laboratorio de la nueva lucha étnica, cuyas banderas son justicia y equidad, pero también reconocimiento y autonomía. Uno de los núcleos precursores es la Federación Shuar, cuyas raíces están en las tierras bajas amazónicas del oriente ecuatoriano, y que desde los setenta inició el combate, primero por la defensa del territorio y después por la identidad y los derechos políticos. Para los setenta la organización indígena de ese país deviene pluriétnica, al formarse la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Por entonces en todas las naciones andinas hay organizaciones indígenas que rebasan lo comunal y lo regional, y donde con frecuencia confluyen distintos pueblos.
Ahí están la Asociación Indígena de la Selva Peruana, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano y en Colombia el Consejo Regional Indígena de Cauca.
Para 1989, en vísperas del quinto centenario del proverbial encuentro, la plataforma política de los pueblos originarios del continente ya está definida. Así la formula la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), en la Presentación del Programa para el 500 aniversario: “Las prácticas indigenistas que propugnaron la “redención del indio”, a través de su integración a la sociedad nacional, no han resuelto los problemas fundamentales de nuestros pueblos. Y, a pesar de ciertas predicciones en el sentido de que el desarrollo industrial de la sociedad conduciría necesariamente a la extinción de los indios, resurgen los pueblos indígenas vigorizados en su lucha por sus reivindicaciones, y la formulación de un proyecto político alternativo para la construcción de la nueva socialidad.
De esta manera las Nacionalidades Indígenas se han constituido en el núcleo más importante de la sociedad del futuro, así como del surgimiento del Estado Plurinacional... Esta propuesta política del Estado Plurinacional no busca constituir “Estados aparte”, como lo ha insinuado el temor difundido por algunos sectores de la sociedad. Por el contrario, se trata de reflejar la realidad del... continente, sobre la base de respeto a las diferencias nacionales culturales y la instauración de la igualdad social, política y económica”
Y de esta manera los pueblos originarios del continente van logrando visibilidad internacional: en 1993 las organizaciones étnicas participan con la ONU en el Año Internacional de los Pueblos Indígenas y actualmente, con el mismo patrocinio, en la Década Internacional de los Pueblos Indígenas que abarca de 1995 al 2005. Más importante ha sido el cabildeo para sacar adelante acuerdos internacionales que reconozcan sus derechos. En el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Poblaciones Indígenas hay fuertes resistencias y se ha avanzado poco, en cambio en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se logró consensar el Convenio 169 sobre Poblaciones Indígenas y Tribales, un texto considerablemente avanzado y firmado por numerosos Estados, que sin embargo poco lo respetan.
En cuanto a los países centroamericanos, en todos hay población identificada con las naciones originarias y en algunos existen grupos importantes de origen africano. En Guatemala, los cerca de 5 millones de indios de las etnias quiché, mam, kakchiquel, kekchí, kanjobal, tzutujil, ixil, achi, chorti, jalalteco, poconchi, poqomán, chuj, sacapulteco, akatako, aguacateco, y otros, constituyen alrededor del 50% de la población. En Belice los 27 300 indios principalmente garifuna conforman el 13.7% de la población. En Honduras los de las etnias lenca, miskito, garifuna, xicaque, sumo, chorti, pech, y otras, suman 630 000 y son el 12% de la población, además hay un 2% de negros. En Nicaragua 326 600 miskitos, ramas, garifuna, subtiaba, moninbó y sumo constituyen el 7.3% de la población. En Panamá los ngöbe, guayni, kuna y emberá/chocó, suman 194 719 y son el 7.8% de la población, pero también hay un 14% de negros. En El Salvador hay 88 000 indios nahualt/pipil y lenca, que conforman el 1.7% de la población. Y hasta en Costa Rica, 24 300 cabecar y bribri representan el 0.7% de la población. En México los estados comprendidos dentro del PSS contienen al 74% de la población indígena del país, 4 506 753 personas de las etnias nahuatl, maya, zapoteca, mixteca, otomí, tzeltal, tzotzil, totonaca, mazateco, chol, y otras, que constituyen el 16.4% de la población regional. Estamos hablando de casi 11 millones de indígenas, que representan el 18% de los mesoamericanos.
Ante esta evidencia demográfica, subrayada en algunos casos por fuertes luchas de base étnica, las constituciones de estos países con frecuencia reconocen formalmente su carácter multiétnico y consignan ciertos derechos indígenas, además de que México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica y Honduras suscribieron el Convenio 169 de la OIT.
A partir de 1987 los artículos 89, 90 y 181 de la Constitución nicaragüense consagran derechos autonómicos: “Las comunidades de la Costa Atlántica tienen el derecho de preservar y desarrollar su propia identidad cultural en la unidad nacional, dotarse de sus propias formas de organización y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El estado reconoce las formas comunales de propiedad de las tierras de las comunidades de la Costa Atlántica (...) El Estado por medio de una ley organizará el régimen de autonomía en las regiones donde habitan las comunidades de la Costa Atlántica”.
La constitución guatemalteca de 1985 en sus artículos 66 y 70, establece que : “Guatemala está formada por diversos grupos étnicos (...) las comunidades indígenas y otras que tengan tierras que históricamente les pertenezcan y que tradicionalmente hayan administrado en forma especial, mantendrán este sistema (...) el Estado proveerá de tierras estatales a las comunidades indígenas que las necesiten par su desarrollo”. Derechos muy limitados que debieron haberse ampliado significativamente, pues en los Acuerdos de Paz de 1996 entre el gobierno y la guerrilla, se convino reconocer en la ley los derechos políticos y culturales de los pueblos originarios. Con el fin de concretar este arreglo, en 1999 se llevó a cabo un plebiscito, coyuntura que sin embargo fue aprovechada por la derecha para orquestar una intensa campaña genófoba. Así, la Liga Pro Patria afirmaba en su propaganda que con las reformas se busca crear “...un Estado indígena del que quedarían marginados los no indígenas”, por su parte la Alianza Evangélica decía que: “...esto propician las reformas, dividir y confrontar a la sociedad guatemalteca...”. Ofensiva paranoica que polarizó al país entre un altiplano indígena que dijo sí a las reformas y la capital y la Costa Sur que dijeron no. Esto y un abstencionismo del 80%, hicieron que se perdiera la posibilidad de reconocer en la Constitución derechos por los que han muerto alrededor de 200 mil guatemaltecos durante la más prolongada guerra de base indígena del continente. Dos años después, en medio de campañas semejantes y con idénticos argumentos, la derecha mexicana echó para atrás partes sustanciales de la ley indígena, dinamitando las negociaciones de paz entre el gobierno y el EZLN.
Frustraciones constitucionales aparte, Guatemala es un país de acendrado despotismo, pero también de tradición guerrillera y claro protagonismo étnico. Hasta 1970 la participación indígena en la lucha armada revolucionaria había sido marginal, pues el Partido Guatemalteco del Trabajo, entre otros, veía a los indios como simple “reserva para la acción”, y a esta ausencia le atribuyen por entonces su fracaso las diezmadas Fuerzas Armadas Rebeldes. En cambio las nuevas guerrillas de los setenta, no sólo reclutan ampliamente a los indígenas, también incorporan programaticamente sus demandas. Tanto el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), que aparece públicamente en 1975, como la Organización del Pueblo en Armas (ORPA), que se muestra por vez primera en 1979, son guerrillas de base étnica; como resulta evidente en acciones como la toma de Nebaj, en El Quiché, el 21 de enero de1979, donde participan cien hombres armados, casi todos indígenas. Así lo constata Adolfo Gilly en un texto periodístico de la época: “Un rasgo peculiar y distintivo del Ejército Guerrillero de los Pobres que opera en las montañas y aldeas de Guatemala, es su voluntad declarada de afirmar sus fuerzas en la organización de los campesinos indígenas, en su idioma, su cultura, sus tradiciones”.
El nuevo indianismo, impulsado entre otras fuerzas por los sostenedores de la Teología de la Liberación dentro de la iglesia católica, es un fenómeno de alcance latinoamericano, que se expresa en Guatemala, pero también en México, donde en 1974 se realiza el ya mencionado Primer Congreso Indígena, con la decisiva participación de la diócesis chiapaneca de San Cristóbal. La reivindicación de los pueblos originarios adopta diferentes formas y se adscribe a distintas estrategias. Así, junto al radical indianismo guerrillero del EGP y la ORPA, surge en Guatemala un etnicismo culturalista también apoyado por la iglesia católica, aunque por corrientes mas tibias, que se expresa en la realización de numerosos seminarios y encarna en la Asociación Indígena por la Cultura Maya-Quiche fundada en 1971. El culturalismo deriva en parte hacia un etnicismo excluyente y reaccionario vinculado a sectores de la burguesía india. Entre la guerrilla y el culturalismo conservador y en el contexto de la Pastoral Indígena, las corrientes hegemónicas de la iglesia católica promueven la formación de Ligas Campesinas, que en 1978 y junto con las Comunidades Cristianas de Base, organizan un congreso en el que se integra un Comité de Unidad Campesina (CUC). La respuesta del gobierno a la rebeldía, tanto la armada como la pacífica, es incrementar la política de exterminio, que adopta métodos semejantes a los de la guerra colonial en Vietnam. El resultado es que el pueblo acosado se incorpora tanto a la guerrilla como al CUC. En un folleto del Comité titulado Los hombres de maíz escriben su historia, se deja constancia de esta participación: “Los indios han volcado todo su arte, toda su creatividad que tienen en los telares, en la guerra popular. Su creatividad la han incorporado en las armas populares: con cal, con sal, con chile, agua caliente, el pueblo ha hecho sus armas...”. En 1980, en una reunión de líderes convocada por el CUC, se adopta de la Declaración de Iximché, elocuente testimonio del proyecto indígena en esa fase de la lucha: “Por que nuestro pueblo indio, como tal, pueda desarrollar su cultura rota por los criminales invasores; por una economía justa en que nadie explote...; por que la tierra sea comunal como la tenían nuestros antepasados”.
En Nicaragua la guerrilla del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) derroca al dictador Somoza en lo que se vive como el triunfo de una revolución tanto política como social. Pero si la guerra popular guatemalteca era indudablemente de base étnica, en Nicaragua los indígenas son menos del 8% de la población y están ubicados en la Costa Atlántica, donde por razones históricas existe una cultura miskito-creole-anglosajona, englobada por la Iglesia Morava. Así, la revolución no pasa por la porción atlántica del país y el sandinismo tiene escaso conocimiento y poca sensibilidad hacia el tema indígena. Incomprensión que deviene conflicto cuando la organización Misurasata, promovida inicialmente por el FSLN, rompe con el gobierno y en medio de fuertes desplazamientos poblacionales a Honduras, desata una guerra contrarrevolucionaria apoyada por el gobierno de los Estados Unidos. Paradójicamente, en Nicaragua es la guerra restauradora la que hace visibles a los indios y propicia la definición de una política de libre determinación para miskitos, sumos y ramas.
Derechos envidiables... que sin embargo no pasan del papel. Los gobiernos autónomos abarcan el 49% del territorio y el 11% de la población, pero sólo se les asignó el 0.1% del presupuesto del 2001; 18 millones de córdobas, equivalentes a 90 mil dólares, que evidentemente no sirven para impulsar ningún proyecto regional. Y los proyectos existen, sólo que no benefician significativamente a la población indígena, pues se trata de enclaves mineros, petroleros, madereros y pesqueros de carácter trasnacional, que además se ciernen sobre una reserva de 7 450 kilómetros cuadrados de bosque subtropical húmedo. Pero lo más importante es el proyecto de un “canal seco”, con una vía férrea de 375 kilómetros que uniría el Atlántico con el Pacífico, que el gobierno piensa concesionar sin haber consultado al consejo autonómico de los ramas, quienes se ampararon judicialmente contra esos posibles actos. Entretanto, los más adinerados de la oligarquía ya están comprando las tierras que pronto se valorizarán.
El “canal seco” nicaragüense y el megaproyecto transítsmico mexicano, son planes de gobierno que responden a intereses multinacionales, y en los que no se ha consultado a la población cuyas tierras y vidas serían afectadas. Pero mientras que en Nicaragua la libre determinación de los pueblos indios es constitucional y existen territorios y gobiernos autonómicos, en México se está cocinando una autonomía castrada, sin territorios ni posibilidad de autogobierno. Diametral disparidad legal que sin embargo no hace ninguna diferencia. La lección es que las leyes son importantes, pero lo es más la fuerza con que se hagan valer. Sin efectivos sujetos autonómicos las leyes autonómicas salen sobrando.
Armando Bartra, SUR. Megaplanes y utopías de la Ámérica Equinoccional.
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