Hace 9 años las comunidades indígenas Harakmbut, Matsiguenka y Yine celebraron la categorización de la Reserva Comunal Amarakaeri. Hoy, esos pueblos luchan por escapar de la depredación de sus bosques para salvar sus vidas.
En el año 2000, el Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA) determinó como área natural protegida el territorio de Amarakaeri, ubicado al margen sur del río Alto Madre de Dios, provincia de Manu.
Sin embargo, tras las concesiones mineras, la tala ilegal, la invasión foránea y las construcciones han puesto en riesgo a la reserva.
Este es el lamentable que viven actualmente los aproximadamente 2 mil indígenas que habitan la localidad producto de la explotación indiscriminada de sus recursos naturales.
Una lucha por la vida
La Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) viene impulsando organizaciones como el Consejo Harakmbut, Yine y Matsiguenka (COHARYIMA) y el Ejecutor de Contrato de Administración (ECA) de la reserva Amarakaeri.
Ambas organizaciones están integradas por representantes de las comunidades nativas de Shintuya, Diamante, Boca Isirihue, San José del Karene, Puerto Luz, Barranco Chico y Puerto Azul o Barraca, localizadas en un área de 402 mil 335 hectáreas.
“Todos los pobladores indígenas que viven en la reserva ven como una amenaza a la minería y la tala ilegal que depreda nuestros suelos”, aseguró a Servindi el presidente del ECA, Adán Corisepa Neri.
Corisepa, de la etnia harakmbut, señaló además que “lo peor de todo es que son actividades ilegales, en Madre de Dios abunda la minería ilegal que contamina aun más nuestros ríos”.
“Un gran número de indígenas es obligado a trabajar en estas minas ilegales. Algunos siguen hasta ahora por las amenazas que reciben”, señaló.
“Muchos indígenas se han desplazado, sobretodo los matsiguenka porque las petroleras y los madereros ya ocuparon sus tierras. Nosotros estamos indignados porque no hubo una consulta de por medio”, agregó Corisepa.
¿Complicidad estatal en la explotación?
“Las amenazas vienen principalmente de Perúpetro. Ellos han conversado con nosotros para que aceptemos la actividad pero se lo hemos negado”.
Ante esta negativa, Adán Corisepa afirmó que la empresa estatal pretendió sobornar a algunas comunidades indígenas a fin que cedan en su posición y permitan realizar labores de explotación petrolera.
“Son astutos porque han ido directamente a las comunidades pequeñas para ofrecerles apoyo a cambio de aceptar la actividad extractiva. Nosotros tenemos que estar alertas”, denunció.
Asimismo, afirmó que los dirigentes del ECA son víctimas constantes de amenazas de parte de personas vinculadas a la empresa, que ya viene realizando operaciones en la zona.
El verdadero precio
En 1977 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció la fauna silvestre y la diversidad de plantas de la zona como Reserva de Biosfera, la cual corre el riesgo de desaparecer.
“Ya no hay tierras para la agricultura. Los camotes, las piñas, las yucas, los plátanos y otros cultivos ya no crecen como antes porque los nutrientes del suelo están contaminados”, lamentó Corisepa al detallar la gravedad de los daños ocasionados en su territorio.
“Antes teníamos a los animales muy cerca, podíamos cazarlos y alimentarnos. Ahora el sonido de las maquinarias de las empresas petroleras, madereras y mineras los han espantado”, agregó.
No sólo los recursos naturales fueron destruidos sino también los atractivos turísticos. “La tala de árboles a desaparecido una ciudad arqueológica, lo que afecta a nuestra capacidad turística y a nuestra historia”.
Medidas
Ante esta situación, FENAMAD decidió iniciar una medida que recupere el hábitat de los grupos étnicos de la reserva que denominaron el Plan Maestro.
Este plan es el principal documento de planificación de la Reserva Comunal Amarakaeri para los próximos 5 años, donde se definen la zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión de la zona.
Además, el CAE viene trabajando un programa conjunto con las comunidades que rechaza la presencia de actividades extractivas en el territorio anteriormente declarado como área protegida.
Güeppí: Para muestra un botón
Una situación similar atraviesa la Zona Reservada Güeppí, en la provincia de Maynas (Loreto), que acaba de ser entregada en concesión por el Ministerio de Energía y Minas para explotar el Lote petrolero 117.
Un área de extraordinario valor cultural y refugio de biodiversidad, poblada por comunidades indígenas kichwas, secoyas y boras desde tiempos ancestrales.
Allí, la Organización Indígena Secoya del Perú (OISPE) y la Federación Indígena Kichwa del Alto Putumayo Inti Runa (FIKAPIR) denunciaron la violación de su derecho a Consulta frente al inminente inicio de actividades de Petrobras Energia Peru.
En ese sentido, es necesario que el Gobierno peruano tome medidas a fin de garantizar el bienestar de los pobladores indígenas y su derecho a la propiedad de las tierras como lo establece la normativa internacional.
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